Las comunidades y las organizaciones civil son actores esenciales en la planificación y ejecución de políticas de desarrollo territorial, ya que su conocimiento del entorno les permite detectar problemas y proponer soluciones acordes a la realidad local. Su intervención es clave para garantizar el acceso a recursos esenciales, como el agua y la tierra, así como para impulsar prácticas sostenibles en la gestión del territorio. Además, facilitan la articulación entre la población y las entidades gubernamentales, asegurando que los proyectos sean viables y respondan a las dinámicas sociales y económicas del lugar. También cumplen un rol de vigilancia y seguimiento, evitando el uso ineficiente de recursos y promoviendo mayor transparencia en la ejecución de programas. Incluir su experiencia y visión en el diseño de políticas fortalece la gobernanza y mejora la sostenibilidad de las acciones a largo plazo.