Las autoridades deben implementar un enfoque integral para garantizar la cooperación en el país, promoviendo políticas públicas que faciliten el acceso a financiación para cooperativas y organizaciones de la economía social, a través de líneas de crédito blandas, fondos de apoyo y beneficios fiscales que fortalezcan la viabilidad de estos modelos económicos. Además, es crucial ofrecer programas de educación y capacitación en gestión cooperativa y habilidades empresariales, para que los líderes y miembros de las cooperativas puedan operar de manera eficiente y sostenible. También deben crear un marco legal que reconozca y proteja los derechos de las cooperativas, asegurando su estabilidad jurídica y proporcionando incentivos a las empresas que adopten modelos colaborativos. Las autoridades deben fomentar la creación de redes de cooperación entre cooperativas, empresas y otros actores sociales, permitiendo el intercambio de recursos, conocimientos y experiencias, lo que fortalecerá la economía local y nacional. Al mismo tiempo, se debe promover una cultura de cooperación a través de campañas de sensibilización, integrando este valor en todos los niveles educativos y en la vida cotidiana de la sociedad.
