Actores y organizaciones comunitarias son esenciales en el diseño e implementación de políticas públicas locales. Su conocimiento directo de la realidad permite identificar necesidades específicas y proponer soluciones efectivas. No solo canalizan demandas, sino que defienden derechos, promueven la inclusión y supervisan políticas. Al actuar como intermediarios entre comunidades y gobiernos, facilitan un diálogo continuo. Esto resulta en proyectos sostenibles, culturalmente apropiados y alineados con las prioridades de la comunidad.