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La Constitución del Ecuador reconoce a la economía popular y solidaria (EPS) como parte esencial del sistema económico nacional, priorizando al ser humano sobre el capital y promoviendo formas asociativas, comunitarias y cooperativas que busquen el bien común y el buen vivir. En ese marco, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) ha experimentado importantes reformas en 2023 y 2025, con el objetivo de facilitar la conformación de cooperativas, aclarar su naturaleza no lucrativa, ampliar su campo de acción y fortalecer su institucionalidad. Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, las políticas públicas actuales aún resultan insuficientes para promover de manera efectiva las cooperativas rurales productivas. La falta de presupuesto adecuado, escasa presencia en la planificación nacional y débil articulación interinstitucional limitan el desarrollo del sector, que sigue siendo fundamental para dinamizar la economía local, generar empleo digno y fortalecer la soberanía alimentaria.