En mi opinión, el cooperativismo no solo debe verse como una iniciativa comunitaria, sino como un eje que debería estar integrado en las políticas públicas de desarrollo territorial. Si retomamos lo que plantea Sergio Boisier, el desarrollo se construye desde el territorio, pero necesita articulación institucional para consolidarse. Es decir, la organización local es fundamental, pero también requiere un Estado que genere condiciones adecuadas a través de políticas claras, financiamiento y acompañamiento técnico.
Un ejemplo de esto es Salinas de Guaranda, donde el trabajo cooperativo no solo fortaleció la economía local, sino que se convirtió en un modelo de desarrollo territorial sostenible. Esto demuestra que cuando las comunidades se organizan y las políticas públicas apoyan estos procesos, se logra un impacto real en empleo, inclusión y bienestar social. Por eso considero que el cooperativismo debería incorporarse de manera más estratégica en los planes de desarrollo territorial, no como algo aislado, sino como parte de una política pública orientada a fortalecer el capital social, reducir desigualdades y dinamizar las economías locales desde una perspectiva sostenible.