La trascendencia de la gestión y la administración en las organizaciones de carácter social reside en su capacidad para articular los principios de democracia e intercooperación con una eficiencia técnica que asegure la viabilidad a largo plazo, una gobernanza robusta, fundamentada en un estatuto social claro y en la transparencia informativa, permite que la estructura asociativa trascienda la mera producción de materia prima para incursionar en la generación de valor agregado, mejorando la posición competitiva de los pequeños productores frente a los mercados globales. En este contexto, la administración no solo debe garantizar la estabilidad financiera mediante la gestión de las “sobras” y la constitución de fondos de reserva, sino que también debe asumir un rol proactivo en el fortalecimiento del capital humano.
Este enfoque es evidente en experiencias como la de Tomassu, donde se utiliza el Fondo de Asistencia Técnica, Educativa y Social (FATS) para brindar apoyo especializado, o la Cooperativa Caipim, que ha estructurado un consejo de gestión con representantes de diversos sectores productivos para asegurar una participación equitativa. Asimismo, entidades como la Corporación Chakra ejemplifican la importancia de la inclusión, con un liderazgo femenino que alcanza el 58% de su representación, consolidando a la mujer como administradora clave del proceso productivo y financiero.
Al profesionalizar estos procesos y fomentar un relevo generacional inclusivo, el modelo cooperativo se consolida como un motor de desarrollo socioeconómico capaz de equilibrar el rendimiento empresarial con la responsabilidad comunitaria, garantizando que los beneficios derivados del esfuerzo colectivo se distribuyan de manera sostenible.
