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Considero que la gobernanza territorial es un elemento clave para reducir desigualdades entre territorios, ya que permite coordinar al Estado con gobiernos locales y actores sociales que intervienen en la toma de decisiones. Cuando las políticas públicas fortalecen la institucionalidad local, promueven participación y asignan recursos de manera equitativa, se generan condiciones para cerrar brechas en el acceso a servicios, oportunidades económicas e infraestructura. No obstante, el reto principal sigue siendo evitar la concentración de recursos en ciertos territorios y lograr una articulación efectiva entre los niveles de gobierno para que la reducción de desigualdades sea sostenible y no solo dada de manera temporal.
Analiza la gobernanza territorial como mecanismo de unión fundamental, especialmente porque la descentralización no es solo administrativa, sino también política y social. Para profundizar, cabe señalar que la unión entre el Estado y los actores locales en Ecuador se basa en el Principio de Subsidiariedad y en la Constitución de 2008, que reconoce la plurinacionalidad y la pérdida de participación ciudadana en la gestión pública.
Sin embargo, para que la reducción de la desigualdad sea sostenible, la gobernanza debe implementar políticas verticales. Como vemos en la dinámica de las comunidades extractivistas y amazónicas, el auge será efectivo cuando se reconozcan los sistemas de justicia adecuados. La desigualdad no se combate solo asignando recursos, sin validar modelos de producción (como la economía social y colectiva) que el mercado global no considera. El retorno real, además de toda la infraestructura, significa que el Estado ecuatoriano tiene una articulación que no compara la cultura local con la urbana, sino que protege la diversidad como una actividad de desarrollo territorial.
Comparto tu visión sobre la gobernanza territorial como eje para descentralizar recursos, la articulación entre el Estado y los actores locales es, precisamente, lo que permite que las políticas públicas dejen de ser verticales y se adapten a la realidad de cada zona, pero, para que esta participación y asignación de derechos sea sostenible, es vital que la transferencia de competencias vaya acompañada de autonomía financiera real para los gobiernos locales, solo así evitaremos que la reducción de desigualdades dependa de voluntades políticas temporales y se convierta en una estructura de desarrollo institucional permanente.
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