La Constitución del Ecuador reconoce a la economía popular y solidaria (EPS) como parte del sistema económico nacional, junto a los sectores público y privado. Establece que el Estado debe promover y fortalecer las formas asociativas, cooperativas, comunitarias y familiares de producción, garantizando su acceso a recursos y mercados (Art. 283 y 319).
En cuanto a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), recientemente ha tenido reformas que buscan fortalecer la supervisión financiera de las cooperativas, mejorar su gobernanza interna y facilitar el acceso al financiamiento. Sin embargo, aún existen limitaciones en su implementación, especialmente en zonas rurales. Además, La Ley Orgánica de Integridad Pública del Ecuador busca prevenir la corrupción, fortalecer la transparencia y promover una gestión pública ética y responsable. Esta normativa también aplica a las organizaciones que manejan fondos públicos o cumplen funciones de interés público, como algunas cooperativas del sector de economía popular y solidaria. Si bien sus principios son positivos, en la práctica ha generado nuevas exigencias administrativas y de cumplimiento que pueden resultar complejas para cooperativas pequeñas o rurales, especialmente aquellas con capacidades técnicas limitadas. Esto puede desviar recursos y esfuerzos de su objetivo principal, que es fomentar la producción, el ahorro, el crédito y el desarrollo local solidario. Por eso, es clave que las políticas de integridad se adapten a las realidades del sector, sin convertirse en barreras que obstaculicen su sostenibilidad o crecimiento.
Sobre las políticas públicas, aunque hay programas y estrategias que apoyan a las cooperativas rurales, como la Estrategia de Inclusión Financiera, en la práctica no son suficientes. Muchas cooperativas enfrentan barreras de crédito, asistencia técnica y comercialización. Se requiere mayor articulación y enfoque territorial para que estas organizaciones puedan desarrollarse plenamente.
