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  • ELVIS XAVIER MENA CUCHIPEexmenac@uce.edu.ec
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    Tu análisis es muy sólido al vincular el cooperativismo con el marco constitucional y la LOEPS, ya que demuestra que no es solo una práctica social, sino un modelo respaldado jurídicamente dentro de la Economía Popular y Solidaria. Coincido en que las experiencias en productos como el cacao evidencian cómo la gestión colectiva permite generar valor agregado y distribuir de manera más democrática los excedentes.

     

    Sin embargo, el punto que planteas sobre la profesionalización y el relevo generacional es clave. Para que este modelo no dependa únicamente del compromiso voluntario, necesita fortalecerse técnicamente y consolidar una institucionalidad que lo proyecte a largo plazo. Solo así el cooperativismo podrá trascender como un verdadero modelo de desarrollo territorial equitativo, sostenible y con identidad propia.

    ELVIS XAVIER MENA CUCHIPEexmenac@uce.edu.ec
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    Nombre d'articles : 7

    Tu aporte muestra con claridad cómo el cooperativismo en la Amazonía no solo genera ingresos, sino que transforma realidades sociales, especialmente en el caso de las mujeres recolectoras. El hecho de que puedan estudiar, emprender y participar activamente en la economía demuestra que la organización colectiva tiene un impacto profundo en el desarrollo humano, no solo productivo.

     

    También es muy importante lo que mencionas sobre avanzar hacia la industrialización propia. Dejar de vender materia prima para procesar y comercializar el producto terminado representa un paso estratégico para que el valor agregado permanezca en la comunidad. Sin embargo, como señalas, esto requiere educación, visión empresarial y un respaldo institucional que reconozca a las cooperativas como actores económicos clave.

     

    Finalmente, el desafío de concientizar al consumidor es fundamental. Valorar productos de cooperativas no es solo una decisión de compra, sino una apuesta por un modelo más justo, solidario y sostenible.

    ELVIS XAVIER MENA CUCHIPEexmenac@uce.edu.ec
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    Tu reflexión es muy pertinente. Coincido en que Ecuador tiene un gran potencial para fortalecer el cooperativismo como estrategia de desarrollo territorial, tal como se ha evidenciado en experiencias de países como Brasil. La riqueza natural y cultural del país puede convertirse en una base sólida para impulsar modelos productivos más sostenibles y con mayor impacto social.

     

    Sin embargo, como señalas, este proceso requiere no solo iniciativa comunitaria, sino también políticas públicas claras, educación cooperativista y un reconocimiento real del cooperativismo como motor de desarrollo. Validar con evidencia los resultados positivos de este modelo puede motivar a más personas y comunidades a organizarse bajo principios de economía social y solidaria, contribuyendo así a reducir desigualdades y generar mayores oportunidades en el sector rural.

    ELVIS XAVIER MENA CUCHIPEexmenac@uce.edu.ec
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    Buenas noches, estimado compañero.

    Agradezco tu aporte, especialmente por resaltar la importancia de la gestión democrática y participativa dentro de las cooperativas. Coincido en que estos elementos son clave para su sostenibilidad, pero también es importante considerar que muchas veces las limitaciones no solo son internas, sino también estructurales.

    La falta de acceso a financiamiento, asistencia técnica o mercados limita mucho el potencial de las cooperativas rurales. Por eso, creo que las políticas públicas deben fortalecerse, no solo promoviendo la formalización, sino también generando condiciones reales de apoyo en los territorios, especialmente en zonas rurales y amazónicas.

    Gracias por abrir este espacio de reflexión.

    ELVIS XAVIER MENA CUCHIPEexmenac@uce.edu.ec
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    Estimada Econ. Irma García, recibió un cordial saludo.
    A continuación, presentamos las preguntas planteadas en la economía popular y solidaria, desde una perspectiva crítica y territorial:

    ¿Qué dice la Constitución del Ecuador sobre la economía popular y solidaria?
    La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce expresamente la economía popular y solidaria como pilar del sistema económico nacional, junto al sector público y privado. El artículo 283 establece que la economía debe estar orientada al Buen Vivir (Sumak Kawsay), priorizando la justicia social, la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el artículo 319 reconoce formas organizativas como cooperativas, asociaciones y emprendimientos comunitarios, fundamentales para la organización productiva de las comunidades, especialmente en territorios como la Amazonía, donde estas estructuras fortalecen los modos de vida tradicionales y sustentables.

    ¿Qué cambios recientes ha tenido la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS)?
    Las reformas aprobadas en 2023 introducirán ajustes clave. Destaca la posibilidad de que las asociaciones se transporen en cooperativas, cumpliendo ciertos requisitos de participación de los socios en las actividades productivas (como el 50% o 75%). Además, se ha convertido en el principal protagonista de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para promover las economías solidarias locales, el fortalecimiento y el desarrollo territorial. Estos cambios facilitan el acceso al crédito, la asistencia técnica y la comercialización. Sin embargo, su aplicación sigue enfrentando retos, especialmente en zonas rurales y amazónicas, donde persisten brechas tecnológicas y de conectividad.

    ¿Cree que las políticas públicas actuales son suficientes para promover las cooperativas rurales productivas?
    Considere que, si bien existen avances, las políticas públicas actuales no son suficientes para consolidar la productividad de las cooperativas rurales con un impacto real. En muchos casos, estas organizaciones enfrentan dificultades como financiamiento adecuado, asistencia técnica limitada, procesos comerciales complejos y articulación con comercialización asequible. Por lo tanto, se requiere una política pública más efectiva y contextualizada, que integre las voces de las comunidades, promueva la capacitación, reduzca los obstáculos administrativos y promueva verdaderamente una economía solidaria que beneficie a los territorios y no apoye a los actores urbanos o centralizados.

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