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Estimada Econ. Irma García, recibió un cordial saludo.
A continuación, presentamos las preguntas planteadas en la economía popular y solidaria, desde una perspectiva crítica y territorial:¿Qué dice la Constitución del Ecuador sobre la economía popular y solidaria?
La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce expresamente la economía popular y solidaria como pilar del sistema económico nacional, junto al sector público y privado. El artículo 283 establece que la economía debe estar orientada al Buen Vivir (Sumak Kawsay), priorizando la justicia social, la equidad, la solidaridad y la sostenibilidad ambiental. Asimismo, el artículo 319 reconoce formas organizativas como cooperativas, asociaciones y emprendimientos comunitarios, fundamentales para la organización productiva de las comunidades, especialmente en territorios como la Amazonía, donde estas estructuras fortalecen los modos de vida tradicionales y sustentables.¿Qué cambios recientes ha tenido la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS)?
Las reformas aprobadas en 2023 introducirán ajustes clave. Destaca la posibilidad de que las asociaciones se transporen en cooperativas, cumpliendo ciertos requisitos de participación de los socios en las actividades productivas (como el 50% o 75%). Además, se ha convertido en el principal protagonista de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para promover las economías solidarias locales, el fortalecimiento y el desarrollo territorial. Estos cambios facilitan el acceso al crédito, la asistencia técnica y la comercialización. Sin embargo, su aplicación sigue enfrentando retos, especialmente en zonas rurales y amazónicas, donde persisten brechas tecnológicas y de conectividad.¿Cree que las políticas públicas actuales son suficientes para promover las cooperativas rurales productivas?
Considere que, si bien existen avances, las políticas públicas actuales no son suficientes para consolidar la productividad de las cooperativas rurales con un impacto real. En muchos casos, estas organizaciones enfrentan dificultades como financiamiento adecuado, asistencia técnica limitada, procesos comerciales complejos y articulación con comercialización asequible. Por lo tanto, se requiere una política pública más efectiva y contextualizada, que integre las voces de las comunidades, promueva la capacitación, reduzca los obstáculos administrativos y promueva verdaderamente una economía solidaria que beneficie a los territorios y no apoye a los actores urbanos o centralizados.