En base a las preguntas planteadas, en mi opinión planteo lo siguiente:
¿Qué dice la Constitución del Ecuador sobre la economía popular y solidaria?
Hemos revisado que en la Constitución se reconoce a la economía popular y solidaria como parte clave del sistema económico nacional, junto al sector privado y público. Aún así, me parece importante que se le dé el nivel de importancia que merece, porque en territorios como la Amazonía estas formas de organización son esenciales para sostener modos de vida más comunitarios y sostenibles. Lo que falta muchas veces es que esa visión pase del papel a la práctica y sobre todo que exista apoyo del Estado.
¿Qué cambios recientes ha tenido la LOEPS?
Un ejemplo en concreto es la reforma que permite a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) transformar asociaciones en cooperativas cuando cumplan los requisitos o a solicitud del 50 % de sus miembros, lo cual trae grandes beneficios a estas asociaciones. Sin embargo, siento que aún es difícil para muchas comunidades amazónicas adaptarse, especialmente por las brechas tecnológicas. La ley ha mejorado, pero el acceso y la implementación aún tienen mucho por recorrer, sobre todo en zonas rurales donde lo comunitario debería ser prioridad.
¿Son suficientes las políticas públicas actuales para promover cooperativas rurales productivas?
No del todo. Hay intenciones y algunos programas, pero creo que todavía falta una política pública más conectada con las realidades de estas localidades. Proyectos como ICOOPEB son clave porque acercan a los estudiantes y profesionales a las comunidades y fomentan un aprendizaje más territorial. Pero para que esto funcione a gran escala, hace falta que el Estado escuche más a las comunidades y apoye con infraestructura, formación y acompañamiento real.
