Para que se dé realmente el desarrollo local es preciso realizar cambios estructurales que trasciendan la simple inyección de recursos o la realización de proyectos puntuales. Un cambio estructural es, una reconfiguración profunda de las relaciones sociales de producción, de las instituciones y de los marcos normativos que sostienen la vida colectiva, esto implica modificar cómo se organiza el trabajo, cómo se distribuye la tierra y los recursos, y cómo se articulan la participación ciudadana y la gobernanza territorial. Además, estos cambios suelen estar impulsados por el crecimiento del ingreso, las variaciones en los precios relativos, la innovación tecnológica, y la evolución de la demanda. En este sentido, no basta con mejorar la infraestructura vial o destinar fondos a pequeñas empresas, se trata de transformar la base o estructura económica misma sobre la cual opera el desarrollo local.
Por tanto, las políticas públicas deben diseñarse con una visión estratégica que impulse transformaciones profundas. Por ejemplo, una reforma agraria que garantice el acceso colectivo y justo a la tierra, que puede estar acompañada de asistencia técnica y que a su vez que fomente la creación de cooperativas, de tal manera que se trate de una política que reestructura la propiedad y el control de los factores de producción.
Concretamente un cambio estructural, se daría en una política de precios de insumos básicos en zonas rurales. Al implementar un régimen de precios diferenciales para productos agrícolas, el gobierno no solo mejora la rentabilidad de los pequeños productores, sino que altera la estructura de los mercados locales, ya que reduce la dependencia de intermediarios, incentiva la agregación de valor en la propia comunidad y fortalece las redes de comercialización.
