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  • SEBASTIAN ESTEBAN REVILLA ANCHAPAXIserevilla@uce.edu.ec
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    Para promover el desarrollo es necesario cambios estructurales los cuales deben ser impulsados desde políticas públicas integrales, inclusivas y con un enfoque territorial, capaces de transformar tanto la estructura económica como la institucionalidad social; esto implica no solo mejorar la productividad o generar empleo, sino reconfigurar de manera profunda la forma en que se organiza la producción, se distribuyen los recursos, se toman decisiones y se articula la participación ciudadana, por lo que estas políticas deben abarcar aspectos como la reforma agraria, el acceso equitativo a los recursos, la diversificación productiva, la inversión en infraestructura, la educación técnica, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de instituciones sólidas y participativas, todo ello orientado a corregir desigualdades históricas y a generar condiciones sostenibles para el desarrollo; en este sentido, el cambio estructural no se refiere a simples ajustes coyunturales, sino a transformaciones de largo plazo que afectan las bases del sistema económico y social, tales como la organización del trabajo, las relaciones de poder, los patrones de consumo, la distribución del ingreso y las formas de gobernanza, por lo que una política pública bien diseñada, como por ejemplo una que promueva la diversificación de la economía rural mediante cadenas de valor locales y tecnologías apropiadas, puede actuar como catalizador de ese cambio estructural, al reducir la dependencia de sectores extractivos e informales, fortalecer la economía local y transformar la realidad social de las comunidades, de modo que vincular políticas públicas con el cambio estructural es fundamental para que el desarrollo local sea posible, sostenible y equitativo.

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