Promover el desarrollo local no solo implica ejecutar proyectos, sino que implica transformar la forma de organización de la sociedad, la economía y las instituciones en un territorio. Por ello los cambios estructurales deben ir de la mano de políticas públicas que estén bien enfocadas y tengan visión a largo plazo, si se habla de delegar funciones a los gobiernos locales, no basta con trasladar competencias si estos no cuentan con presupuesto ni capacidades técnicas para gestionarlas. Por eso, una política pública adecuada sería aquella que, además de descentralizar funciones, también garantice recursos, formación y participación ciudadana real, logrando que las decisiones se ajusten a las necesidades de cada comunidad.
Una política pública no solo resuelve un problema inmediato, sino que cambia la lógica de fondo que lo generó. Si se implementa una política que promueve el fortalecimiento de economías comunitarias, no es solo apoyar a emprendimientos locales, sino modificar la estructura productiva para que esta deje de depender de las grandes cadenas comerciales. Así, una política pública bien diseñada puede provocar un cambio estructural, siempre que esté pensada como parte de una transformación sistémica.
